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Comunicado

El reciente anuncio de la entrada en vigencia, a partir del 1 de enero próximo, de las limitaciones impuestas a los aumentos de los precios y de un “plan básico universal obligatorio”, representan una intervención directa y coactiva por parte del Estado, y un peligroso avance sobre la libertad de expresión.

Tal como advertimos oportunamente, la sanción del DNU 690/2020 representa un cambio drástico y unilateral en las reglas del juego del sector, que solo favorece a las plataformas de distribución de contenidos totalmente extranjeras. Y, lamentablemente, normativas de esta índole no hacen más que ratificar aquella afirmación. Se trata de una nueva imposición que pone en peligro no solo el desarrollo, sino la subsistencia de uno de los sectores más competitivos del país.

Es una restricción sin precedentes a nivel mundial en la operación de las empresas que brindan servicios TIC, que afecta la seguridad jurídica, perjudica la calidad y expansión de los servicios –como a los clientes que se comunican e informan a través de ellos– y plantea un interrogante en lo que refiere a la administración y aplicación técnica de una medida que resulta impracticable, por más que se trate de una exigencia.

Nuestro sector se compone de más de 700 empresas licenciatarias que proveen TV paga e Internet a todos los rincones del país, y emplea 30 mil trabajadores. Esta regulación, lejos de representar un beneficio real para los hogares, provocará un freno a las inversiones, así como una limitación de aquellos espacios de expresión comunitaria que nuestra cobertura ha permitido construir.

La pandemia ha generado un impacto económico y financiero que las empresas debieron absorber para hacer frente a la emergencia. En un contexto de profundas bajas en la recaudación, ventas e instalaciones a nuevos hogares, con costos de implementación en alza constante, está en serio riesgo la sustentabilidad del sector durante 2021.

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