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La ley del Gobierno está pensada para que las telefónicas se queden con todo.

El proyecto de ley de convergencia llamada “Argentina Digital” presentada en el día de hoy, concentra todas las ventajas en las empresas de telecomunicaciones Telefónica y Telecom.

A pocos días de lanzar la sesgada licitación de 4G de telefonía celular, que excluyó a la industria del Cable, el Gobierno da un nuevo paso en detrimento de este sector que cumple cincuenta años de inversión y servicios al país.

El acceso a la información, ante un Estado ausente, lo garantizó el Cable en sus comienzos hace cinco décadas, con inversión a riesgo y sin ventajas, con instalaciones propias y sin regulación que lo proteja. El resultado de este esfuerzo es que somos uno de los cinco primeros países en penetración de televisión por cable del mundo. El interior del país cuenta con producción propia, acceso a la cultura, la comunicación y el entretenimiento gracias a más de 700 empresas, 600 señales propias, 1000 productoras, 20.000 familias que trabajan en forma directa y muchas más que lo hacen en forma indirecta.

La democratización de la banda ancha, o acceso a Internet, tanto en las grandes ciudades como en el interior del interior, es fruto de la inversión proporcional muy superior al de las telefónicas, realizada por la industria del Cable en el acceso a

Internet de alta velocidad en zonas donde no había siquiera teléfono. Contra 9 millones de líneas de telefonía fija que existen, el Cable ha generado casi seis millones de conexiones a hogares en todo el país, con tendido propio. El crecimiento de las líneas de telefonía fija desde la privatización hasta ahora es irrisorio si tomamos en cuenta que la inversión se hace sobre algo pre existente y sin los escollos y permisos que debe solicitar el Cable.

Esta “ley” embate contra los Cables y da más ventajas a las telefónicas: Las telefónicas nunca dieron interconexión a costo competitivo sobre sus redes, y ahora por ley quieren que el Cable les dé sus redes a un costo fijado por un Gobierno que las favorezca.

Las telefónicas no invirtieron en tendidos de banda ancha y ahora quieren usar el del Cable en una especie de “alquiler social” que se les inventa.

Las telefónicas pueden dar celular, con mal servicio, costo alto y sin competencia, los cableros no pueden dar telefonía celular ni movilidad.

Las empresas de Cable no pueden tener Canales de Aire, las telefónicas tampoco ni por la ley de medios ni por el decreto de privatización. Pero se pretende imponer que puedan usar las redes de otros, cuando no mejoraron la que debían y que supuestamente era de todos los argentinos.

Es una “ley” que consagra la ilegalidad, que afecta a empresas argentinas en pos de empresas extranjeras, que expropia de sus inversiones a empresas medianas en beneficio de enormes corporaciones internacionales.

Es un golpe más contra el derecho de los argentinos a la pluralidad, la competencia, el acceso democrático a Internet.

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