Usted es el Visitante Nro 2727107
Abril 2017

Mensaje del Presidente

Editorial: Walter Burzaco

El último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que brinda la actualización anual sobre el estado de las economías de las naciones, muestra que Argentina es el país con mayor presión tributaria del mundo. La entidad utiliza un conjunto de indicadores, que van desde la facilidad para abrir un negocio a la probabilidad de que funcionarios públicos pidan un soborno.
Una de las referencias que más se tiene en cuenta es la carga fiscal del país, porque: mientras más alta sea la presión tributaria, menos competitividad tiene la economía. Para establecer esto, el Foro utiliza la medición de “la tasa impositiva total” que calcula el Banco Mundial en base a la cantidad total de impuestos, en la que suma cinco tipos diferentes de contribuciones que se pagan tras deducciones y exenciones. Estos impuestos son: Ganancias o el impuesto sobre la renta; contribuciones sociales y laborales a cargo del empleador; impuestos sobre transmisiones patrimoniales; impuestos sobre el volumen de negocios; y otros impuestos. Es decir, se contemplan los principales gravámenes que recaen sobre el empleador y no el empleado. Aplicando todos estos criterios, el organismo determina que la tasa impositiva total de Argentina alcanza el 137,3%. Asombrosamente es más del 100% de las ganancias corporativas.

 

El impuesto sobre el volumen de negocios de las empresas por sí solo absorbe casi el 90% de los beneficios, antes de añadir impuestos sobre salarios y transacciones financieras.
Coincidentemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también nos ubica como el país con mayor presión impositiva de Latinoamé- rica y el Caribe (con excepción de Cuba).
Esta organización mide una ratio entre el recaudo tributario y el Producto Interno Bruto, que en promedio para toda la región es del 22,8%. Nuevamente, Argentina es la que encabeza el ranking con un 32,1%.

 

A la presión confiscatoria descripta y calculada por estos organismos, la TV por Cable debe agregar la desmedida avaricia confiscatoria de las sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, que esquilman al sector con otro 3,5% sobre los ingresos; tasas del ENACOM sobre los ingresos de TV por Cable y TIC; tasa para el Servicio Universal; impuestos sobre los Ingresos Brutos en algunas provincias; y tasas municipales por el uso del Espacio Público y de otra índole, como Seguridad e Higiene.

 

Todo lo que hemos enumerado incrementa la presión fiscal sobre nuestras empresas en un 10% extra, agravando penosamente los rankings negativos que encabeza nuestro país. Llegados a este punto, no queda otra cosa que pedir a las autoridades que actúen con urgencia. Porque si realmente desean promover las inversiones de las empresas de Cable, deberían realizar una muy profunda revisión de la carga impositiva que afrontan nuestros operadores. Además, ya deberían prever cómo eliminar las serias asimetrías impositivas que hoy existen con los operadores telefónicos, eximidos de pagar por el uso del espacio público.

 

Es el tiempo de concentrar nuestros esfuerzos económicos y financieros en las inversiones necesarias para satisfacer las exigencias que nos plantean los consumidores del mercado convergente, y no de seguir alimentando gastos improductivos en una maraña de burocracias.

 

Quitando el excesivo lastre que hemos descripto, las autoridades van a facilitar en verdad nuevas inversiones en modernas redes para los hogares argentinos. Las inversiones en estos activos benefician a la sociedad, por el impacto positivo que tienen sobre el PIB y en materia de empleabilidad. Según estudios internacionales es sabido que, con un punto de aumento de la inversión en Banda Ancha se logra un incremento cercano a los dos puntos del PIB, y casi uno en la generación de empleo. Asimismo, si se favorece la digitalización de la economía, las empresas serán más productivas y podrán ofrecer mejores empleos en todo el país. En resumen, pedimos a las autoridades que beneficien a la sociedad, estimulando las inversiones y poniendo freno a una regresiva voracidad recaudatoria.